COMENTARIO POLÍTICO AL CAP X

"La legalización de la droga"

1. Hacerse el de la vista gorda, “el inocente”, el que no sabe lo que está mal.

2. Justificarse ante lo que está mal, bajo el pretexto de que otros lo hacen.

3. Llamar norma-l a lo dañino, convertir en norma el mal.

Estas son las estrategias de autoengaño para no asumir responsabilidades y evadir la conciencia, la ley interiorizada, la censura; ante un interés “inconfesable” a sus ojos.

El asunto es que, quien así se engaña, lo engañan. El propio sujeto es el perfecto cómplice de los “abusadores”, de quienes atropellan los derechos y dignidad ajena y lejos de lograr lo deseado, terminan enredados en situaciones peligrosas de las que difícilmente podrán salir y defenderse.

Llama la atención, ahora que se discute la legalización de la droga, como políticos y gobernantes:

1.    Desestiman (se hacen de la vista gorda) las consecuencias en salud y seguridad, los efectos económicos y sociales, bajo el pretexto de reducir la violencia entre carteles y los fenómenos de corrupción. Parecen olvidar que ya pasó con la legalización del alcohol. Pues quienes se acostumbran a grandes ganancias sin trabajar, migran a otras formas de delito. Del alcohol a la droga y de la droga a la trata de personas. ¿O es que también la irán a legalizar?, con los mismos pretextos, que no es más que una justificación ante su incompetencia y deshonestidad, pues el problema de la corrupción, no está en el delito sino en la conciencia del funcionario.

2.  Se justifican en que otros Estados lo han hecho. Pero no analizan las diferencias y consecuencias.

3.  Pareciera que quisieran acabar con el delito y sus consecuencias, acabando con el Estado de Derecho. “Nada es punible, todo está permitido”, “todo es legal” y así resolvemos los problemas y sus efectos. Esta posición “ingenua”, "¿inocente"? de desestimarlos, nos lleva a situaciones peligrosas de las que difícilmente hay retorno, como sucede con el alcohol, el cual varios países lo padecen como un problema de salud pública.

Quienes así piensan, no han considerado:

• La destrucción de proyectos de vida.
• La tragedia familiar.
• El impacto social por la violencia causada por los adictos
• Los efectos económicos por “improductividad” de los drogo-dependiente.
• El costo para el sistema de salud.

El gobierno que así obra, evade responsabilidades y las traslada a la sociedad, a las familias, al sujeto. Pues no actúa como contenedor de un mal, sino que deja la responsabilidad a la ciudadanía. Pasamos del “imperio de la ley” al del “libre albedrío”, posición más propia de la Iglesia, pero  no del Estado, cuya obligación es velar por el bien común. Y un drogado, es un peligro para la sociedad. Se empieza con la marihuana, pero los carteles continuarán ejerciendo el negocio con las demás drogas, y las razones que hay para legalizar la marihuana, serán las mismas para legalizar el resto.

Los defensores de la legalización nos quieren hacer ver que actúan de manera “muy profesional”, pero la realidad es que otros son los intereses y son personales, no sociales.

Que los Estados no resuelvan sus índices de corrupción, no es problema de la droga: J.M. Santos corrompe el Congreso con dineros del Estado, los criminales, aunque no sean narcos, a los jueces, la ciudadanía a los guardas de tránsito cuando infringen la norma, etc. Es en realidad una falta de “controles efectivos”, que vuelven cultura la transgresión, la burla de la ley.

Caminar por la vida con rectitud, escoger el camino del bien, es más difícil e incomodo, pero menos peligroso. Legalizar, convertir en norma-l la droga, justificaría a quienes no incurren en esa adicción por evitar la sanción social. Pero acabar con esta, y facilitar el acceso al consumo, lo incrementaría. ¿Cuántas personas ingerirían alcohol, si lo tuvieran que adquirir en una olla?

 .

El problema de la violencia entre pandillas y carteles, se acaba con un Estado efectivo y este para llegar a serlo, tiene que acabar con la corrupción y para lograrlo, necesita gobernantes honestos y en su defecto, medidas efectivas de control ciudadano. En Colombia por ejemplo, el narcotráfico se ha fortalecido en los gobiernos liberales de López, Turbay y Samper y los abanderados de la despenalización, Gaviria y Samper, son también liberales.. Pero en general, a los gobiernos les ha faltado firmeza para combatir el narcotráfico. Tuvo que intervenir el gobierno de los EEUU, por medio de la des-certificación para que se tomaran medidas al respecto. Algunos por debilidad, otros por desinterés y otros por excesivo interés en que “el negocio”, lejos de acabarse, deje de ser perseguido por la ley. Pero legalizar, es eso… negocio, no una solución al problema social (como sociedad, como familia, como sujeto).

¿Qué tal que la ciencia  hubiese claudicado en la lucha contra la lepra, en sus más de 2.000 años de existencia?, ¿Desistimos entonces en la lucha contra el cáncer y el sida y más bien desde el gobierno, decretamos que es normal?

LAS TRAMPAS DEL LENGUAJE

Ø  Llamar “justicia transicional” a la impunidad.

Ø  Llamar “guerrerista” a los que buscamos justicia.

Ø  Llamar “cultura” al salvaje espectáculo del sadismo, que son las corridas y otras formas de maltrato animal.

Ø  Llamar “nerdos” a la gente responsable.

Ø  Llamar “vivos” a los deshonestos.

Ø  Llamar “democracia” a las dictaduras que engañan a los electores y defraudan las urnas.

Ø  Llamar “justicia” al sistema penal Colombiano, que no penaliza de forma real, sino simbólica,  Con la casa por cárcel y excarcelación para los delitos de menos de 4 años de condena.

Ø  Llamar perdón a una “íntima complicidad” con el perverso, no arrepentido.

Ø  Llamar guerrilla a las Farc, cuando no se trata de un ejército del pueblo que se subleva ante una dictadura, sino un grupo delincuencial, con ambición de poder, como Pablo Escobar, que intenta “someter” la sociedad a sus intereses e imponer “su” dictadura, su concepto de Estado al servicio de “sus intereses”.

Ø  Llamar paz al sometimiento de un pueblo civilizado, no violento y desarmado, ante los criminales por el solo hecho de estar fuertemente armados y obligar a la población a aceptar sus condiciones (pues es difícil creer en la transparencia del referendo, en un gobierno TRAMPOSO) en nombre del “derecho a la paz”; cuando se violan los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y en lo real,  este negociación no traería paz, al contrario, la violencia recrudece por el incremento de la criminalidad de los desmovilizados.

Más allá de las palabras, esta la realidad que no se deja engañar.